Diputada Nacional Nora Ginzburg

28-04-2006

La Diputada Nacional Nora Ginzburg asistió en la fecha a la inauguración del edificio de Tacuarí 138 para el funcionamiento del fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ceremonia presidida por el Jefe de la Ciudad Lic. Jorge Telerman.

Ginzburg, que fuera convencional constituyente de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad de la misma, expresó: “Esto es un paso más en el afianzamiento de la autonomía porteña, la que será plena únicamente cuando se derogue la llamada Ley Cafiero”.

Luján Casaubon
Asesora de Prensa
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Sra. Ginzburg.- Señora presidenta: estamos presenciando en esta Cámara una nueva violación al orden constitucional al someterse a nuestro análisis un proyecto de ley que claramente rompe el equilibrio establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional, ya que se pretende ampliar la incidencia del poder político en la integración del Consejo de la Magistratura, que fue precisamente lo que se quiso evitar cuando se creó ese órgano.
Me permitiré citar una máxima de los griegos: “Un texto sacado de contexto es un pretexto.” Todos sabemos muy bien lo que es el equilibrio. No tenemos que analizarlo ni desgajarlo porque sabemos perfectamente cuál fue el espíritu de los constituyentes en 1994.
No me sumaré a los argumentos técnicos y jurídicos a fin de no ser reiterativa, y apoyo los vertidos por el señor diputado Tonelli. Simplemente haré un escueto recordatorio de cuántas veces se ha violado el orden constitucional desde que recuperamos la democracia, con la esperanza de que alguna vez dejemos de fijarnos en intereses personalistas y tengamos en mira la institucionalidad del país porque eso es lo que le hará bien a nuestra patria.
Recuerdo el año 1983, cuando el gobierno electo dejaba atrás la dictadura. Todos esperábamos una nueva época de respeto a las instituciones y a las libertades individuales, de transparencia y honestidad en la gestión pública y de reconocimiento de los derechos de los más desposeídos.
Algunos imaginábamos algo similar a lo ocurrido en 1853, cuando la Constitución dio paso a la organización, la paz y el desarrollo. ¡Cómo nos equivocamos! La democracia tiene una enorme deuda con la sociedad. La miseria y la indigencia se multiplicaron con creces, y ésa es una deuda que tenemos especialmente con los sectores más desposeídos.
Las violaciones al orden institucional, como he dicho, han sido reiteradas. De los golpes cívico militares a que nos acostumbraron desde 1930 pasamos a los golpes solamente civiles. El primero fue en 1989, cuando se impidió la finalización de la gestión del gobierno de ese entonces a saqueo limpio. En ese momento se decía que se estaba incendiando el país. ¿Quién lo incendiaba, si a medida que asumían nuevo el nuevo gobierno esos saqueos iban desapareciendo?
Luego se produjo el aumento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con el objeto de hacerla afín al gobierno de turno. Rindo mi homenaje al doctor Jorge Bacqué, quien no se prestó a esa maniobra y renunció.
Después tuvo lugar el ominoso Pacto de Olivos, en el que se acordó una reelección presidencial a cambio de la elección de un tercer senador. Esta norma también fue violada y lo pudimos advertir muy recientemente en la provincia de Buenos Aires cuando el partido oficialista se dividió en dos listas para tener la hegemonía. Destaco en este momento la claridad, la visión y el coraje que tuvo Ricardo López Murphy al expresar que el oficialismo se quería quedar con los tres senadores, como en realidad ocurrió.
A partir de ese pacto se llevó a cabo la Convención Constituyente en 1994, en la que la primera dama tuvo un papel predominante.
Finalizada esta convención y el gobierno del presidente Menem, llegó el de la Alianza. Me parece que la Constitución no sirvió de mucho, porque si se quería atenuar el presidencialismo para asegurar la estabilidad, ello no ocurrió: una situación económica desastrosa produjo una crisis inédita en nuestro país, que se inicia en 1998, suma a toda la región y provoca la caída del gobierno.
Recién empezamos a salir en el año 2002. Pareciera ser que los civiles creemos que tenemos el derecho a provocar golpes institucionales. No sé de dónde surge esa creencia, porque mientras asumía el nuevo gobierno y la supuesta oposición lo estaba ayudando, una gran mayoría de la gente pedía que se fueran todos.
Entonces, no sé por qué los políticos creemos que tenemos derecho a establecer golpes institucionales, pero eso no fue todo. Después de concretar el juicio político para remover a la Corte Suprema adicta al menemismo, se designa a sus nuevos integrantes.
Quiero dejar a salvo mi posición personal. Discrepo con quienes dicen que con esta Corte Suprema se ha avanzado en la Justicia. Sin perjuicio de las condiciones de los juristas y de su trayectoria, creo que merecen serios reparos.
No sé cuál fue el motivo para establecer el trámite vinculado con la trasparencia, porque llovieron impugnaciones sobre los ministros Zaffaroni y Argibay, las que prácticamente no fueron tenidas en cuenta. Terminemos con el simulacro de la trasparencia.
La Corte Suprema toma el remedio de la inconstitucionalidad como si fuese algo común, cuando debiera ser excepcional.
El doctor Zaffaroni, ministro de la Corte, sería un excelente defensor, pero se ha olvidado de su rol de juez. Así dijo en la revista “Rolling Stones” que cuando era juez él intentaba que los imputados zafasen. Esta no es la tarea de un juez. Además dice que él habla como cualquier ciudadano común. Ello no es así, ya que por su investidura habla como ministro de la Corte Suprema. Yo tampoco hablo como una ciudadana común, sino como diputada de la Nación.
La doctora Argibay manifestó que había que abrir las cárceles para no violar los derechos de los imputados. ¿De qué norma constitucional se desprende que la garantía de los procesados sea superior a la seguridad pública? ¿No hay que encontrar un equilibrio entre todas las garantías? Esto no tiene ninguna vinculación ni con el derecho penal liberal ni con la llamada teoría garantista, sino que es la teoría del abolicionismo que es una postura ideológica que va a contrapelo de lo que quiere la sociedad.
Por supuesto que cuando no nos gusta lo que dice la mayoría, afirmamos que se trata de aberraciones. Entonces, se requiere que venga un iluminado para que nos señale cuándo la mayoría sirve y cuándo no.
Para hablar de las violaciones que se han reiterado antes de 2003, quiero mencionar que el partido oficialista se divide en tres, sometiendo a la sociedad a una interna, en vez de dirimir sus cuestiones para evitar que alguien acceda al poder. Cualquier recurso vale. Y en esa interna me sometieron a mí, que estaba en la oposición.
La famosa década del 90 ha sido muy denostada por nuestro presidente, que fue parte activa de ella. Ahora resulta que nadie participó en esa década. En esto de buscar culpabilidades, precisamente a los opositores a esa década se los va a terminar haciendo responsables.
Únicamente podremos salir adelante con la verdad, sin hipocresías, lo que constituye un reclamo de la sociedad. Voy a hacer una exhortación basada en que nosotros juramos defender la Constitución. Les pido a mis colegas que tomen conciencia de la forma como van a votar.
Alguna vez se utilizó el argumento de que un gobierno que fue capaz de mejorar la Corte Suprema de Justicia de la Nación no podía ser capaz de establecer un Consejo de la Magistratura nefasto. Pero debo decir –se trata de un presagio que el Consejo de la Magistratura va a ser utilizado para amilanar a los opositores, para infundir temor en los jueces y para que nuestro país se haga famoso por las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Voy a solicitar la inserción del resto de mi exposición, solicitándole a mis colegas que, más allá de las diferencias ideológicas que tengamos, voten negativamente este proyecto en general, para que esta generación y las futuras no nos reclamen por el error cometido. (Aplausos.)

Inserción de texto Discurso Dip. Nora Ginzburg por tratamiento expte 0249-S-05, en Sesión Extraordinaria del 22/02/2006.

Señor Presidente:

Los fundamentos de nuestro voto negativo son tan abundantes como los atropellos permanentes que viene sufriendo la Republica en el último tiempo. Nos encontramos hoy debatiendo un proyecto que denota graves inconstitucionalidades y desnaturaliza los órganos creados por la Reforma Constitucional de 1994 para asegurar la independencia del Poder Judicial.

En primer lugar, el tratamiento de esta reforma crucial se esta efectuando en periodo de sesiones extraordinarias, a pesar de que no se trata de un tema que requiera tratamiento urgente. Por el contrario, es una cuestión de delicado interés institucional que merece un cuidadoso análisis y requiere consulta con los diferentes sectores de la comunidad. Se ha evitado que la sociedad realice el debido debate, se ha evitado difundir la importancia de la cuestión. Se pretende aprobarlo haciendo uso de la mayoría parlamentaria del bloque oficialista. Pareciera que la democracia argentina no sabe de debates racionales, sino del peso de la mayoría.
La Justicia sigue siendo vista como un botín que debe quedar en manos del partido de gobierno. Y sin embargo, se trata de un tema central para el Estado de Derecho.
Como indicara la Dra. Maria Angélica Gelli en ocasión del reciente debate organizado por la Mesa de Dialogo Argentino, “La Justicia es una cuestión de todos. Ojalá el Gobierno pusiera este tema en debate en los medios”.
El debate profundo sobre el tema se produjo hace doce años, en ocasión de la Convención Constituyente de 1994. Paradójicamente, el espectro político coincidió ampliamente en la idea de crear el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento con el fin primordial de reforzar la independencia y credibilidad del Poder Judicial. En este sentido se manifestaron convencionales de todos los sectores políticos, como Pose, Saravia Toledo, Mestre, Alfonsín, Falbo, Hitters.

Hoy, a pesar de esta actitud de ocultamiento del Gobierno, todo el espectro de organizaciones no gubernamentales, Colegios Públicos, Asociaciones de Abogados, organizaciones de Derechos Humanos y medios de comunicación se han manifestado en contra del proyecto oficialista de reforma, expresando enorme preocupación por las implicancias que podría tener.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Sociedad Porteña de Penalistas, la organización Human Rights Watch (HRW) han manifestado rechazo y preocupación ante esta reforma que es inconstitucional. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Buenos Aires, han promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la misma.
Y yo me pregunto: cuál ha sido la actitud del Gobierno en el tiempo inmediatamente anterior al tratamiento del proyecto. En los últimos tres meses ha salido a la caza de votos que aseguren su aprobación, para así continuar el camino autoritario iniciado. Porque hacia donde vamos si no hacia el autoritarismo, cuando nos encontramos ante un Gobierno que aprovecha la confianza depositada por el voto popular para ir carcomiendo la Constitución, hasta hacerla inaplicable.
Y cuando sectores políticos se refieren al apoyo de este proyecto como una “prueba de lealtad” que exige el Gobierno, yo les recordaría que estamos aquí para ser leales a la Constitución Nacional.
Y para todos aquellos representantes que responden a gobernadores que hoy están atados a los fondos o la obra pública de la Nación, tomo las palabras expresadas por un dirigente político al respecto: “no se puede cambiar calidad institucional por necesidad económica de las provincias” (Expresado por el Diputado Nacional Mario Negri, UCR y publicado por La Nación, 13/01/2006 en la nota “La Crematística Kirchnerista”).
Esta reforma no es negociable.

Debemos tenerlo muy presente: hoy nuestra Republica padece ya un fuerte deterioro institucional.
En los últimos diez años se instauró la costumbre de gobernar por decretos de necesidad y urgencia y leyes de emergencia económica que otorgan superpoderes a los titulares del Ejecutivo. Esto ayuda a que perdamos la memoria de cuáles son los principios republicanos y democráticos. Las encuestas muestran hoy una gran desconfianza de la ciudadanía en la Justicia.
Y si la norma constitucional que es el articulo 114 de la Carta Magna, se transforma en letra muerta a partir de la reforma que hoy vamos a votar, será una muestra más de subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo y habremos retrocedido a la situación de la Justicia antes de 1994.
Recordemos cual era el contexto, el clima en que se efectuaban los debates por la Convención Constituyente del ´94: la sociedad estaba ávida de un Poder Judicial independiente y eficaz que garantizara seguridad jurídica con imparcialidad e idoneidad.

Una de las responsabilidades de los políticos es buscar construir instituciones de calidad, respetarlas y hacerlas respetar: si las instituciones son manipuladas o violadas por los políticos, la sociedad tampoco las respetará.

Por eso, además de sacarse fotos con líderes como Lagos, Bachelet, Tabaré Vazquez, Lula, nuestros mandatarios deberían imitar el respeto institucional que impera en esos países.

El triste acontecimiento del asesinato del policía de Las Heras, Santa Cruz y el lentísimo avance de la correspondiente investigación judicial para esclarecerlo, alerta sobre el estado de gravedad institucional que padecemos. Ante la ausencia de canalización institucional, en Argentina se han ido instalando medidas de acción directa donde se aplica la ley de la selva. Gana el más fuerte.

Y como expresara quien fuera Presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, el Dr. Horacio Lynch, “nuestros mejores jóvenes ya no aspiran a la Justicia. No es difícil adivinar las causas. Priman el desprestigio y la mala imagen de la institución (así como) la falta de independencia y el inadecuado sistema de selección”. (“Desabastecimiento de jueces”, La Nación 15/02/2006)

¿Tenemos hoy una Justicia independiente? ¿Cuál es la situación del más alto tribunal? La Corte Suprema cuenta con 7 miembros de los 9 que debería tener. Y como no se reduce el número de miembros pero tampoco se cubren las vacantes, en la práctica se creó un sistema de consenso que dificulta enormemente lograr cualquier resolución. La Corte no avanza en la resolución de temas como los miles de amparos por la pesificación de los depósitos bancarios, porque para firmar una sentencia necesita la voluntad de 5 jueces sobre apenas 7 en funciones. Antes, como el tribunal contaba con 9 miembros, se requería el 55% de las voluntades y ahora el 71%.
Para saber si contamos con una Corte Suprema independiente, habrá que esperar a que el alto Tribunal resuelva cuestiones como el caso Sosa, ex fiscal general de Santa Cruz, la actualización de las jubilaciones mayores que 1000 pesos y el de la Publicidad oficial, planteado por el diario Río Negro. La resolución de estos casos testigo dirán cuán independiente es esta Corte respecto del Presidente Kirchner.

Voy a hacer una referencia histórica que permitirá vislumbrar cuán grande es la crisis institucional que padecemos y que se verá profundizada con esta reforma.
La Constitución Nacional de 1853, respecto del procedimiento de designación de magistrados, adoptó el modelo norteamericano de la Constitución de Filadelfia, por el cual el Poder Ejecutivo proponía los candidatos y el Congreso, por medio del Senado, prestaba el acuerdo respectivo. El criterio de designación implicaba una elección política. La destitución de los jueces era facultad del Congreso: la Cámara de Diputados acusaba y el Senado sentenciaba.
En Argentina el resultado de esa designación de magistrados distó mucho del producido por el país del Norte, en donde el Poder Ejecutivo careció de discrecionalidad y su propuesta fue siempre sometida a distintos estamentos.
Aquí el procedimiento aplicado conspiró contra la independencia y legitimó el avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo. El resultado fue una institución debilitada, con grave carencia de imparcialidad, con ciertos jueces sin capacidad técnica y otros que protagonizaron escándalos y actos de corrupción.
Además, el Senado de la Nación, en su Reglamento Interno, estableció la alternativa de las sesiones secretas de la Cámara que, aplicadas a la aprobación de los pliegos de los candidatos a jueces federales, impidió en los hechos el control de la opinión pública sobre las designaciones y favoreció los acuerdos de repartos partidarios.
El sistema no funcionó, por la influencia política en la nominación de magistrados, por amiguismo.
La gestión del ex Presidente Menem produjo un fuerte deterioro del Poder Judicial. En 1990 el Gobierno aumentó el número de miembros de la Corte Suprema (ley 23771) y la hizo adicta. Buena parte de las designaciones de jueces inferiores se habían convertido en moneda de cambio de favores políticos. El modelo de juez bien formado en Derecho, capaz de repartir equidad y con fuerte compromiso con valores democráticos y derechos humanos no era usualmente el elegido. Y el juicio político, que debía tramitarse en sede legislativa, era letra muerta.
Todo esto originó en la sociedad civil grandes reclamos de un Poder Judicial con transparencia, honestidad, celeridad, inmediatez, imparcialidad.
Así llegamos al nacimiento del Consejo de la Magistratura, con la reforma constitucional de 1994, que persiguió fundamentalmente la reelección presidencial. El Convencional Constituyente buscó un modelo alternativo y creó el Consejo de la Magistratura como órgano garante de la independencia judicial.
El equilibrio en la composición ordenado por el artículo 114 de la nueva Constitución no fue casual. Buscó remediar el monopolio de la designación y juzgamiento de magistrados en manos de los sectores políticos.
Se crearon dos órganos independientes: el Consejo de la Magistratura, que tuvo a su cargo la selección de los jueces y la facultad de acusar a los magistrados, suspenderlos en sus funciones y proponer su remoción, y el Jurado de Enjuiciamiento, que debía juzgar la conducta de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación y resolver acerca de su remoción.
Ya en ese momento los sectores vinculados a la abogacía y a la judicatura hicieron saber su preocupación para que la ley que finalmente regulara el organismo no rompiera el equilibrio entre los representantes de los órganos políticos, de los jueces y de los abogados, que sabiamente habían impuesto los constituyentes.
Recién en 1998 se reglamentó el artículo 114, a través de la ley 24.937.
El régimen introducido en 1994 creó un sistema más racional, menos expuesto al discrecionalismo. Con la incorporación del Consejo y su involucramiento previo en la conformación de las listas de los candidatos a jueces, las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo han perdido el carácter decididamente discrecional que tenían antes. Se pasó a facultades más “regladas”, menos absolutas, que aseguraron mayor transparencia y razonabilidad en la designación de los magistrados. El nivel de idoneidad de los magistrados mejoró como resultado del sistema que se instrumentó a partir de la creación del Consejo.

Sobran los argumentos jurídico-constitucionales para rechazar la iniciativa que hoy tratamos. Como ha sido señalado repetidamente, de aplicarse el proyecto oficialista de reforma del Consejo se incurrirá en varias inconstitucionalidades, al romperse el equilibrio en la composición del Consejo y del Jury de Enjuiciamiento, al excluirse la instancia del juez de la Corte Suprema de Justicia y al aplicarse el nuevo sistema de remoción de jueces propuesto, que junto la injustificable exclusión de los abogados de la Comisión de Selección, viola el artículo 16 de la Constitución. También en abierta oposición al texto constitucional, el proyecto le restituirá facultades administrativas a la Corte Suprema de Justicia, mientras elimina varias de las incumbencias que la ley vigente le confía al Consejo en dicha materia. Por otra parte, se obliga a que se investiguen las denuncias en un máximo de tres años, encubriendo un plazo de caducidad que asegurará la impunidad.

Porque no creemos, como han manifestado desde el Gobierno, que el término “equilibrio” del artículo 114 pueda dar lugar a interpretaciones subjetivas. Tampoco son creíbles las denuncias injustificadas del Presidente Kirchner sobre la existencia de “acuerdos corporativos en el Consejo”, porque se trata de acusaciones generalizadas. Si alguien incumpliera con su deber debería ser denunciado y promovida su destitución. No es válido lanzar acusaciones generales y al aire.
Cuando se habla de “demoras en la realización de sus tareas” por el Consejo, se olvida que son los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo los que menos trabajan y los que más faltan en el organismo.
Tampoco vale el infantil argumento de que no deberíamos desconfiar de las buenas intenciones del Gobierno. Nuevamente: esta reforma no sólo no mejora los aspectos en que el funcionamiento del organismo es perfectible, sino que lo empeora y amenaza enormemente la independencia del Poder Judicial.
En definitiva, ninguna de las excusas utilizadas por el Gobierno puede justificarla.

Y yo me pregunto: ¿Es la justicia santacruceña el modelo sobre el cual se pretende hacer basar el funcionamiento de la justicia argentina? ¿Se pretende llevar ese modelo de sometimiento del Poder Judicial al poder político, al plano nacional? Hay sobrados indicios para afirmarlo. En el escaso debate público efectuado hasta el momento sobre este tema, y se me viene a la memoria la Jornada organizada por la Mesa de Dialogo Argentino el 7 de Febrero pasado, ninguno de los representantes del oficialismo y defensores de esta reforma, pudo explicar la compatibilidad de este proyecto con nuestra Constitución y con el Estado de Derecho.

Ante proyectos como éste solo cabe recordar los principios básicos sobre los que fue construida la Nación y sobre los que funcionan los países civilizados: el Poder Legislativo no es un instrumento del Ejecutivo, así como tampoco lo es Poder Judicial. La República necesita la coexistencia de los tres poderes para funcionar y para asegurar la vigencia de las garantías constitucionales. Las democracias se construyen con consenso, no con órdenes verticales.
Los órganos del Consejo de la Magistratura y el Jury de enjuiciamiento son perfectibles, pero el proyecto que hoy tratamos no apunta en absoluto a ese objetivo. Los problemas de funcionamiento que detenta hoy el Consejo no se relacionan con el número de integrantes. Algunos se resuelven con reformas reglamentarias y otros obedecen a la conducta reprochable de algunos consejeros.

Hace dos meses conmemorábamos los cien años de la muerte de Bartolomé Mitre, militar, periodista, legislador, escritor, Presidente de la Nación argentina. En el siglo transcurrido desde su muerte, la Nación que él presidió en momentos sumamente arduos, ha sufrido cambios que la han tornado irreconocible. En las últimas cinco décadas la república, la democracia, la libertad de expresión, han corrido graves riesgos.

La reforma del Consejo de la Magistratura y del Jury de enjuiciamiento es un tema de Estado, no se le puede dar un carácter político.
Estamos a tiempo. Todavía podemos ponernos del lado de la Republica y cumplir con nuestro deber de representantes del pueblo de la Nación, legislando para el largo plazo y con amor a la Patria. La República no merece esta reforma.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los Organismos correspondientes, informe acerca de las razones por las cuales fue retirada la propuesta de ascenso del General de Brigada Gonzalo Palacios a General de División.

NORA GINZBURG
DIPUTADA NACIONAL

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El día martes 13 de diciembre pasado conocimos la decisión de la Ministro de Defensa Dra. Nilda Garré de pasar a retiro al General de Brigada Gonzalo Palacios, comandante del V Cuerpo de Ejército, al tiempo que sus colaboradores deslizaron a un prestigioso matutino porteño que tal decisión se debía a “que estuvo en algo pesado durante la Dictadura”.

Frente a la ligereza e imprecisión de tales comentarios la ciudadanía tiene derecho a conocer si existen imputaciones concretas que pesan sobre el General Palacios, ya que hasta el presente sus antecedentes fueron evaluados en dos oportunidades por la Comisión de Acuerdo del Senado sin merecer objeción alguna.

En efecto, hasta el presente se desconoce que el General Gonzalo Palacios posea proceso o citación alguna vinculada a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y la única objeción a su persona provino de la influyente ONG, el Centro de Estudios Legales y Sociales, fundada en su participación en un curso en la Escuela de las Américas, Estados Unidos en 1989. Es decir en pleno gobierno constitucional, y bajo estrictas órdenes de sus superiores.

Asimismo cabe destacar que la propuesta de ascenso a general de división había sido acordada por el anterior ministro de defensa de esta gestión - y actual senador José Pampuro- y el Jefe del Ejército General Roberto Bendini, por lo cual es de creer que la misma fue adoptada después de un minucioso análisis de los antecedentes profesionales del militar.

Finalmente cuesta desprender la decisión de retirar al General Palacios de los sucesos acaecidos en los meses, en los que la actual administración del Presidente Kirchner parece empeñada en profundizar los enconos y enfrentamientos de la década del setenta, con el agravante de estimular la divulgación de una versión parcial de nuestra historia contemporánea.

Advertimos que este camino de distorsionar la verdad histórica, de tomar decisiones basadas en trascendidos e inquinas personales, son expresiones autoritarias que no fortalecen la república ni sus instituciones. A 22 años de regreso a la democracia, los argentinos debemos recordar nuestra historia, aventar enfrentamientos estériles ya que no progresaremos manoseando nuestras cicatrices, divulgando verdades sesgadas, que impidan avanzar hacia la definitiva reconciliación y unión nacional.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

NORA GINZBURG
DIPUTADA NACIONAL

15/12/2005

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe por intermedio del Ministerio de Defensa cuáles son las razones que fundan el pase a disponibilidad del Mayor del Ejército Rafael Mercado.

NORA GINZBURG
DIPUTADA NACIONAL

29/12/2005

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En el día de la fecha la ciudadanía tomó conocimiento del pase a disponibilidad del Mayor del Ejercito Rafael Mercado, quien en abril próximo pasado fuera sancionado con veinte días de arresto por las manifestaciones públicas de apoyo al Obispo Baseotto efectuadas por su esposa, Cecilia Pando de Mercado.

El Mayor Mercado, quien se desempeñaba como Subjefe de la Compañía III de Inteligencia de Paso de los Libres fue notificado oficialmente que su próximo destino sería la IX Brigada Mecanizada Coronel Luis Jorge Fontana en Comodoro Rivadavia y según amplios trascendidos periodísticos la causa del pase a disponibilidad sería –nuevamente- la participación de la mujer del Oficial en diferentes actividades políticas.

En efecto, una semana después que la Sra. Pando de Mercado hubiera manifestado frente a Tribunales, su marido fue pasado a disponibilidad, lo que probablemente preanuncia el retiro activo del joven militar de la fuerza en los próximos meses.

La gravedad que se desprende de estos hechos exige una inmediata aclaración de la Ministro de Defensa Nilda Garré, ya que de confirmarse la veracidad de las mismos estaríamos frente a un nuevo atropello a los derechos del Mayor Rafael Mercado, quien por segunda vez en su carrera sería sancionado por declaraciones y actividades efectuadas por su esposa en el marco de la Constitución y la democracia.

En igual sentido se desconoce desde qué momento se ha restablecido la censura en nuestro país y desde cuándo las mujeres deben tener autorización de sus padres o maridos para expresarse. De otra forma no se explican las sanciones de que fuera objeto el Mayor Mercado.

Este hecho no constituye una circunstancia aislada o excepcional sino que debe ser analizado en la perspectiva de los últimos meses, en que se ha profundizado una visión sesgada, parcial y tergiversada de la Historia Argentina contemporánea, la cual ha sido difundida por el Gobierno.

En efecto, de confirmarse la versión deberemos sumar el caso Mercado al pase a retiro del General Gonzalo Palacios y la exclusión de la Cátedra del Dr. José María Dagnino Pastore. Todos ellos son tramos del camino del enfrentamiento y desencuentro entre argentinos, alentados y promovidos desde la más alta magistratura del país. Es posible revertir el rumbo y afrontar el único y crucial desafío de construir un país con justicia y libertad para todos.

Por todo lo expuesto solicito la aprobación a mis pares del presente Proyecto de Resolución.

NORA GINZBURG
DIPUTADA NACIONAL

Buenos Aires, marzo 20 de 2006.

Señor Presidente de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Dr. Alberto Balestrini
S / D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de poner en su conocimiento que no asistiré a la sesión especial fijada para el día 22 del corriente en repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

No dejo de destacar que me sumo a tal repudio, de igual forma que denuesto todos los golpes de estado que sufriera nuestro país.

En tal sentido, reitero en un todo mis manifestaciones vertidas en la sesión del día 15 de marzo próximo pasado, en ocasión de tratarse el feriado del 24 de marzo, donde expresara que una visión sesgada de la historia no conduce a la paz y a la concordia, valores por los que lucho; por el contrario, constituye una utilización interesada que ahonda los desencuentros.

Por tal motivo, la concurrencia me produciría una violencia moral que no estoy obligada a soportar.

Agrego que, a mi criterio, debería ser conmemorado el 30 de octubre de 1983, fecha en que el electorado se volcó masivamente a las urnas demostrándole así a las FFAA que no tenían más cabida para intervenir en la interrupción de los gobiernos constitucionales.

Sin otro particular, me complazco en saludarlo con mi mayor consideración.

NORA GINZBURG
Diputada Nacional

Discurso sobre el 24 de marzo pronunciado en sesión legislativa del 15 de marzo de 2006 en rechazo al proyecto de declaración del feriado en su conmemoración

Señor presidente: he escuchado recién algunas manifestaciones de intolerancia, que ya he oído reiteradas veces en este recinto, en el sentido de que existe una sola verdad y que algunos tienen el patrimonio del sufrimiento. Creo que cualquiera sea la idea o la historia de cada uno, todos tenemos derecho a expresarnos.
Yo no soy muy amiga de referirme a situaciones personales, pero quiero contar que mis abuelos paternos, Rafael Ginzburg y Bora Mikliyanski, fueron muertos en Bialystok durante la invasión nazi, quemados en una sinagoga por el solo hecho de ser judíos.
Los judíos ashkenazi, es decir, europeos, tenemos la costumbre de poner los nombres en honor a nuestros antepasados muertos. Yo me llamo Nora por mi abuela Bora, y Raquel por mi abuelo Rafael. Es decir que crecí con esta tragedia y la voy a llevar conmigo toda mi vida. No obstante, como creo en el Estado de derecho y en la libertad, no sería capaz de impedir la palabra a nadie, aunque sea una persona con inclinación nazi, ni me negaría en este recinto a hablar con él. Creo ante todo en la libertad y en el Estado de Derecho.
Aclarado esto, quiero expresar mi oposición a este proyecto por otras causas, más allá de que adhiero a muchas de las que se manifestaron aquí.
En primer lugar, no entiendo como se juzga la gravedad de los golpes de Estado. Si lo hacemos exclusivamente desde el punto de vista institucional, el más grave fue el del 6 de septiembre de 1930, a partir del cual quedó en todos la conciencia de que aquello que no conseguíamos por las urnas, lo lográbamos por las armas.
Las personas de mi generación sabemos que la democracia es más que un concepto de derecho político, pero sabemos también cuántas veces fue frustrada. Poco antes de ese golpe habían ganado las elecciones los socialistas independientes y se venía una verdadera transformación. De ser un país que crecía para adentro, con 68 años de republicanismo, y que tenía prestigio para afuera, se convirtió en el país de los emigrantes, de los exiliados políticos y del 40 por ciento de pobres. A partir de allí se sucedieron los golpes del 43, del 55, del 62, del 66, culminando con el del 76. Entonces, en mi opinión, desde el punto de vista de la institucionalidad, el más grave fue el de 1930 por los efectos devastadores que tuvo en el futuro en el sentido de que lo que no gustaba se quitaba.
Recuerdo que cuando yo era estudiante y estaba en el gobierno el presidente Illia, en sus escritos Jacobo Timerman pedía que “sacaran a la tortuga”. De modo que se trataba de una conciencia generalizada. Pero si hablamos de la gravedad de lo institucional, vuelvo a decir que el hecho más relevante fue el de 1930.
Vamos a referirnos ahora a un tema gravísimo: el terrorismo de Estado, posiblemente una de las formas más perversas de terrorismo.
Haz TrackBacka una URI (Separa Lo que no entiendo –sin ningún ánimo de provocación? es a qué nos referimos al hablar de la memoria y la verdad del 24 de marzo de 1976, cuando el terrorismo de Estado empezó poco después de iniciado el gobierno constitucional de 1973. No podemos tener una memoria parcial y sesgada.
varias URIs con espacios.) Bookmarklet de WordPressPuedes arrastrar el siguiente enlace a tu bar En la navidad de 1974, cuando se produce el copamiento al Regimiento de Azul –me refiero a lo que se dice en el libro Nunca más?, desaparecen dos terroristas y nunca se supo su paradero. En 1974, cuando el intento de copamiento del Regimiento Aerotransportado de Catamarca, son fusilados doce guerrilleros, no obstante haberse rendido. Silvio Frondizi daría inmediatamente una conferencia de prensa y después moriría de la misma forma en que murió Ortega Peña.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1° de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.
.- En el libro Nunca más se nos indica que en esa etapa del gobierno nacional hubo quinientos asesinados por la Triple A, asesinatos apañados por ese gobierno. Posteriormente, en esa misma época se presentó un habeas corpus colectivo por cien personas que habían desaparecido de sus domicilios. Lo resolvió el juez Daffis Niklison con resultado negativo.
En 1975 los líderes de la oposición, Balbín, Alende y Manrique, se reúnen con Rocamora, ministro del Interior de Isabel Perón, y le hacen saber su preocupación por la represión ilegal. En ese mismo año, cuando se toma Monte Chingolo, desaparecen cincuenta guerrilleros. En el libro Nunca más se da una cifra similar de desaparecidos de esa época en Monte Chingolo y Monte Caseros. Como vemos, tenemos una larga historia de terrorismo.
En el mensaje que acompaña el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se dice que surge de la causa judicial 13/1984, Jorge Rafael Videla y otros, que “…a partir del 24 de marzo de 1976, con la toma del poder por las Fuerzas Armadas, se instrumentó un plan sistemático de imposición del terror y de eliminación física de miles de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones clandestinas y toda clase de vejámenes.”
Lo que debemos aclarar es que no fue la cámara que juzgó a los militares la que estableció la fecha. Esa fecha fue decidida arbitrariamente por el gobierno de esa época.
Cuando el año pasado se realizó el seminario sobre la Corte Penal Internacional, “El desafío de una justicia sin fronteras”, le pedí al doctor Torlasco que me explicara cuál era el motivo por el cual, habiendo ya terrorismo de Estado, se estableció la fecha del 24 de marzo de 1976. El doctor Torlasco no me lo supo contestar, aunque esgrimió un argumento con el que coincido: que a partir de allí el terrorismo de Estado se multiplicó, se sistematizó y se hizo aún más perverso. Sin embargo, no podemos afirmar que en esa fecha se inició el terrorismo de Estado porque estaríamos dando una verdad sesgada.
Los espejos biselados nos van a devolver siempre una imagen deforme con dos variantes que siempre nos permiten revertir o introducirnos nuevamente, pero eso no es gratuito ni inocente.
Establecer arbitrariamente una fecha no ayuda a lograr la paz y la concordia. Establecer el 24 de marzo de 1976 como la fecha en la cual empezó el terrorismo…

Considero que establecer el 24 de marzo de 1976 como inicio del terrorismo de Estado es tener una verdad sesgada y aceptar que los gobiernos constitucionales pueden implementar este mecanismo perverso. La sociedad toda debe hacer su mea culpa y analizar cuál ha sido su grado de responsabilidad. No debemos echarle la culpa sólo a los militares, porque ya bastante culpa tienen. Si nosotros no los hubiéramos apoyado, como también pasó en otros lugares del mundo, esto no hubiera sucedido.
Por lo tanto, reitero que al aceptar esta fecha estamos aceptando también que los gobiernos constitucionales pueden instrumentar el terrorismo de Estado. Por estos motivos rechazo el proyecto en tratamiento.

Mis antecedentes: la política como vocación

Me inicié en la actividad política en 1973. Ello formalmente, puesto que me crié en un hogar muy politizado y ya a los 6 años, tanto mi madre como mi padre, de distintas ideas, y una tía mía , con otras diferentes también, me llevaban a actos políticos de diversa índole. A partir de allí siempre conviví con la política y a los 15 años, no teniendo decidido todavía definitivamente que carrera universitaria seguiría, me di cuenta que nada me gustaba tanto como la política.
Por lo tanto no concibo mi vida sin hacer política. Es mi auténtica vocación, sin perjuicio de la otra, que comparto, que es el Derecho. Esto es uno de los motivos por el cual estoy en este espacio. El otro es el ideológico, ya que me inicié en el Socialismo Democrático, del que me alejé hacia la Unión Cívica Radical cuando me pareció que aquel se había quedado en el tiempo y que, de ser un partido progresista, se había convertido en reaccionario. Después del golpe de 2001 tuve el convencimiento de que el radicalismo había dejado de representar todos los principios e ideales que alguna vez blandió y por los que me acerqué al mismo.
Luego de un año de duelo ante semejante comprobación, me afilié a RECREAR exclusivamente por la figura de Ricardo López Murphy, ya que me siento absolutamente identificada con su ideario. Creo en la lucha que se lleva a cabo sinceramente desde la política para mejorar al país y creo que la política es servicio a la gente y no beneficio personal. Como política de alguna trayectoria aspiro a ejercer cargos en los que no sólo pueda exhibir mi capacidad para la gestión y contribuir con mi país, sino, además, aportar mi esfuerzo para apoyar los principios y proyectos del partido.
Mi fortaleza es mi vasta experiencia política, desde la simple militancia que me acerca a la gente hasta el perfeccionamiento técnico y el ejercicio de cargos públicos, que me ha llevado a tener que exponer y hasta a debatir en los medios, a los que no soy ajena.
Mi fortaleza es también el desempeño en la función pública, como además que puedo exhibir y justificar plenamente los bienes que poseo (pocos por cierto), sin que pueda dudarse de mi honradez en el ejercicio de aquella.
Si bien me inicié en el campo de Educación, materia que no desconozco, en los últimos años me especialicé y dediqué exclusivamente a Seguridad y Justicia. Inclusive, de algunos medios me consultan o escribo, en mi condición de especialista en Seguridad, cuando se están discutiendo situaciones o medidas que puedan afectarla, sin perjuicio de incursionar constantemente, además, en las cuestiones de carácter político.