Una de las droguerías mencionadas en las causas que investigan la comercialización de remedios robados es proveedora del Estado bonaerense. Se llama ABC SA y se cree que le compraba a Baires Med, firma para la que trabajaba una de las víctimas del triple crimen. Los vículos saltaron a la luz mientras la mutual trata de imponer un convenio al que los farmacéuticos platenses califican de “ilegal”
En caso de confirmarse lo que por ahora es un secreto a voces, las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) tendrán que salir a explicar una serie de espinosas cuestiones. Entre ellas, el vínculo que le achacan con una de las droguerías mencionadas en la supuesta cadena de comercialización de medicamentos truchos.
El entramado comenzó a revelarse cuando se supo que Baires Med -cuyo representante legal era Sebastián Forza, uno de los tres empresarios asesinados- era objeto de trece causas penales por la comercialización de fármacos robados o adulterados.
Esta investigación la había iniciado la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y esto fue lo que informó el matutino porteño Página 12, en un artículo que publicó el 15 de agosto último bajo el título de Cadena mafiosa de medicamentos truchos, veamos:
“… Otro caso es el del medicamento Novoseven (Factor VIIA), para la hemofilia, detectado en la Obra Social de Industrias Químicas y Petroquímicas como adquirido en Baires Med. También en la droguería ABC se detectaron medicamentos robados, provistos por la droguería Oncolife, que a su vez los había recibido de Baires Med…”.
Lo que no se sabía y recién trascendió ayer es que ABC SA figura en el registro de proveedores del Estado bonaerense bajo el número 14.355 CUIT 30660373108 y, según se comenta en los pasillos de la propia mutual habría ingresado de la mano de sus nuevas autoridades.
Es más, se asegura que quien le abrió las puertas habría sido la directora general de Prestaciones, Miriam Judith Charne, miembro del círculo íntimo del presidente del IOMA y ex diputado nacional menemista, Javier Mouriño.
Charne es, al mismo tiempo, destinataria directa de una acusación que corre de boca entre los farmacéuticos: “Habría ordenado el desvío de recetas hacia una farmacia que es propiedad de uno de sus familiares”. En el ambiente le llaman “dirigismo” y la maniobra es tan simple como efectiva: concentración y ganancias en una boca de expendio, en desmedro del resto de los establecimientos.
El nuevo convenio
Todo esto ocurre mientras el IOMA multiplica esfuerzos para imponer un nuevo convenio que -según denunció el Colegio de Farmacéuticos de La Plata- es ilegal y será administrado por las cámaras de laboratorios (Caeme, Cilfa y Cooperala), con el consecuente perjuicio para los afiliados.
Ayer la sede de esa entidad colegiada fue escenario de una reunión entre cien profesionales y los presidentes del colegio platense, Germán Paggi, y bonaerense, Néstor Luciani, cuya presencia se interpretó como una señal de unidad frente al avance de la industria farmacéutica.
“Debo agradecer el respaldo que hemos recibido de esta filial, y sus gestiones para que esta discusión tomara estado público (también) que su tratamiento haya llegado a las cámaras legislativas, los gremios y los medios de comunicación” subrayó Luciani.
Fue en ese contexto en el que Paggi hizo mención a los riesgos que se ponen en evidencia cuando se realizan “transacciones poco claras como las que indican el matutino Página 12 y la revista platense Desafío, que devela las vinculaciones que existen entre algunas autoridades del Instituto y empresas que comercializan medicamentos para tratamientos especiales”.
Unas horas antes le había dicho a diariohoy.net que “el convenio debe ser administrado por el Colegio de la Provincia para beneficio de los afiliados y no de las empresas (…) ya hemos visto lo que sucede cuando hay una comercialización sin un sentido profesional. Incluso se supo públicamente de una droguería que tenía en su poder medicamentos robados”.
Viejos conocidos
El vínculo del IOMA con la industria es decididamente fuerte, y eso se evidencia en la siguiente cuestión:
Para respaldar el convenio que busca imponer, el Instituto aseguró que el volumen de facturación anual supera los $ 300 millones, mediante la dispensa de más de 6 millones de recetas.
Pero Paggi hizo ver que ese no es el total: “Hace varios años, el IOMA puso en manos de Farmalink SA y su Centro de Autorizaciones de Medicamentos Oncológicos y Tratamientos Especiales (Camoyte) el llamado plan Meppes que insume el 55% del gasto total por medicamentos ambulatorios, y esta es la parte que no quiere poner en discusión. Es decir que no cambiará”.
“Son -dijo en diálogo con Hoy- más de $ 320 millones anuales que seguirán siendo administrados por la industria farmacéutica”.
En la reunión de ayer, los farmacéuticos se opusieron a que la industria pase a controlar el consumo, la oferta y la demanda de todo el mercado.
El convenio también preocupa a los legisladores de la oposición. De hecho los diputados Liliana Piani, Horacio Piemonte y Jaime Linares (de la Coalición Cívica) pidieron aclaraciones sobre los perjuicios que supuestamente deberán afrontar los propios afiliados, que perderían la posibilidad de elegir y no tendrían más alternativa que “pagar el 30%” de muchos de los remedios, tal como ya lo había dicho Paggi.
“IOMA tiene una historia de 50 años en la Provincia y siempre con las entidades farmacéuticas. Eso hasta el 8 de julio de este año cuando nos comunicaron la rescisión unilateral del convenio. Hoy este es el único convenio provincial que la industria farmacéutica no gerencia”, dijo Luciani.
La droguería
ABC SA la droguería mencionada en la investigación sobre el accionar de una presunta mafia de los medicamentos, tiene domicilio legal en la calle Pellegrini nº 218 de la localidad platense de City Bell y domicilio real en la avenida Jujuy al 570 de la ciudad de Buenos Aires, al tiempo que uno de sus principales ejecutivos sería socio de la firma Socialpharma SA.
Aquella está consagrada a la comercialización de drogas, medicamentos, productos biológicos y reactivos, especialmente para el tratamiento de afecciones oncológicas y hemoderivados. Durante la reunión de los farmacéuticos -no en el salón, sino en los pasillos- se escuchó decir que ya le habría facturado entre 6 y 7 millones de pesos al IOMA, a través del plan Meppes (ese que “no se toca”).
Mientras tanto, las causas penales a las que se hizo mención siguen su curso y los farmacéuticos se preguntan: ¿Los medicamentos truchos llegaron a los beneficiarios del IOMA? ¿Qué calidad de remedios suministra la obra social a través del plan Meppes? y ¿Cuánto paga por ellos? Interrogantes que quizá deberán responder las autoridades a la luz de las cuestiones que acaban de tomar estado público.
0
