Por Cinthya G. Hernández*
El gobierno, y en particular su equipo económico, ha dado claras señales de política económica que proporcionaron un marco adecuado, aunque a veces aplicando medidas inequitativas, para el crecimiento económico que hoy se observa. Para esto se ha hecho hincapié, a modo de síntesis, en dos grandes frentes. En primer lugar, se mantuvo el tipo de cambio nominal cercano a los 3 pesos por dólar, lo cual permitió continuar con el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, duplicar la tenencia de reservas internacionales en el Banco Central, y (combinado con una suba importante en la presión tributaria) lograr un margen significativo de ahorro fiscal primario.
En segundo lugar, se avanzó con la política de manejo de la deuda pública, por un lado mediante la elaboración y propuesta del canje de la deuda en default, que concluyó exitosamente en marzo de 2005, y por otro, mediante la disminución del grado de exposición del país respecto de su deuda no declarada en cesación de pagos, es decir, el cumplimiento puntual con los pagos de vencimientos de capital e intereses de la deuda contraída con los organismos multilaterales (unos 15.000 millones de dólares desde fines de 2001 hasta el presente, siendo más de la mitad de estos pagos efectuados al FMI).
De esta manera, la política de tipo de cambio alrededor de los 3 pesos y la reestructuración de la deuda pública han sido las “vedettes” que supo mostrar este gobierno y se tradujeron no sólo en la consolidación de la recuperación económica, sino también en un fuerte respaldo de la sociedad en las elecciones de octubre pasado. Sin embargo, el gobierno es consciente de que, aún manteniéndose condiciones externas favorables, continuar con la senda de crecimiento real de la economía será el mayor desafío que enfrentará durante esta segunda etapa de gestión. Y también sabe que para esto se deberán generar condiciones para el desarrollo de inversiones productivas de mediano y largo plazo que permitan expandir la frontera de posibilidades de producción del país.
Si bien el contexto actual es sumamente favorable y propicio para emprender cambios necesarios en esta dirección, no hay dudas de que se trata de una tarea muy compleja que demandará, entre otras cosas, promover un acercamiento hacia un diálogo fructífero con diversos sectores de la sociedad para avanzar en la implementación de medidas de carácter estructural, y fundamentalmente, en la formulación de un plan de crecimiento a mediano plazo que fije prioridades y metas estratégicas para el desarrollo del país y establezca parámetros cuantificables que permitan monitorear su evolución.
Un aspecto preocupante es que el actual gobierno parece no darse cuenta o bien no querer admitir que llevar adelante semejante tarea demandará mucha más reflexión y elaboración que el sostenimiento de una política cambiaria que estimule a las exportaciones y refuerce la recaudación, o de una política de manejo de la deuda en tiempos de crisis. Nótese en primer lugar que la política de mantener el valor nominal del dólar ha despertado en los últimos meses a un viejo fantasma: la inflación. Y en la medida que el dólar siga debilitándose y el Banco Central continúe comprando divisas para sostener su valor, se generará un excedente de pesos en el mercado que, mantenido en el tiempo y sin mediar un aumento proporcional en la demanda real de dinero, tiene una sola salida: el aumento en los precios.
Nótese en segundo lugar que, una vez superada la instancia de la deuda en default, la toma de medidas de emergencia para el tratamiento del pago de la deuda pública deja de tener una justificación clara. Sin embargo, en este contexto, el gobierno optó por pagar por anticipado la totalidad de la deuda contraída con el FMI. Dejando de lado la euforia exitista y simbólica que el gobierno ha querido endilgarle a esta maniobra, es preciso desmitificar este tema y reflexionar sobre su verdadero significado e implicancias, además de la obvia reducción de divisas que pone al país en una situación financiera más vulnerable.
Primero, la medida es injusta. ¿Por qué utilizar más de un tercio de las divisas que el país ha podido acumular con enorme esfuerzo (no se pierda de vista que el secreto de la competitividad argentina en estos últimos años ha sido la depreciación real del salario) para el pago anticipado de una deuda que se venía pagando en forma regular? Además, si existe tanta abundancia y holgura como para apresurar el pago al Fondo, por qué el gobierno le ofreció tan poco a los jubilados en el reciente canje de la deuda?
Segundo, es falsa la premisa de que la cancelación anticipada de la deuda con el FMI nos liberaría de sus auditorías y condicionalidades, ya que, por un lado, el monitoreo de las cuentas públicas seguirá teniendo vigencia en tanto y en cuanto el país siga afiliado al Fondo, y cuente con préstamos de otros organismos multilaterales, y por otro, no existen condicionalidades de ninguna naturaleza en tanto y en cuanto el país esté fuera de un acuerdo que involucre el otorgamiento de nuevo financiamiento, tal cual lo venía haciendo.
Tercero, ni el tamaño ni la composición del endeudamiento del país han mejorado como resultado de esta operación. Si bien se ahorrará en concepto de intereses con el Fondo, este ahorro es insignificante frente a lo que le costará al Estado pagar los intereses de la “otra deuda” que se ha ido generando en el BCRA para acumular las reservas sin provocar un alto impacto inflacionario (Nobacs y Lebacs), a lo cual deberá sumarse el costo del eventual endeudamiento del Tesoro con los gobiernos de Venezuela y España para reforzar las reservas.
Cuarto, la decisión del pago al FMI ha sido un claro ejemplo de la degradación institucional que atraviesa el país: la misma tarde que la Cámara de Diputados trataba el proyecto de ley de Presupuesto del 2006 enviado por el Poder Ejecutivo, cuya letra contemplaba la refinanciación del 80% de la deuda con los organismos multilaterales (incluyendo al FMI), el presidente de la Nación anunciaba su decisión de pagarle al FMI hasta el último centavo a fin de año. Insólito. Por otro lado, la arbitrariedad y unilateralidad de la medida ha desatado una frenética maratón para impulsar la sanción de leyes y medidas de emergencia que permitan al gobierno llevar a cabo su antojo, pasando por encima de la autarquía del BCRA, y apelando a cualquier método para conseguir el quórum mínimo necesario en el Congreso, privando al Parlamento y a la sociedad de la oportunidad de debatir sobre el la conveniencia de esta medida.
Entonces, ¿qué quiso hacer el gobierno anunciando el pago anticipado al FMI? ¿Es esto reflejo de una maniobra mediática o política? ¿Se tratará de una medida “cautelar” del presidente Kirchner, aprovechando su popularidad actual y previendo un posible alto costo político en 2007, año electoral, por la cancelación de vencimientos con el FMI, problema quizás agravado si la situación económica pierde el vigor que goza en la actualidad? Ante cualquier circunstancia, la medida recientemente tomada por el Presidente es impulsiva, incauta, irreflexiva, y que es peor, injusta para todos los argentinos.
* Diputada Nacional Unión Cívica Radical
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